Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a gobernadora Maru Campos
Colectivos de víctimas demandan al gobierno estatal de Chihuahua una disculpa pública y medidas de reparación tras las irregularidades detectadas en el crematorio Plenitud.

Representantes de familias afectadas por las irregularidades en el crematorio Plenitud en Chihuahua capital, exigieron este jueves a la gobernadora Maru Campos que el Poder Ejecutivo estatal ofrezca una disculpa pública. Los manifestantes sostienen que la falta de supervisión adecuada por parte de las autoridades sanitarias permitió que el establecimiento operara bajo condiciones que vulneraron la dignidad de los restos humanos y el derecho a la verdad de los dolientes.
Los integrantes de los colectivos señalaron que, tras las investigaciones iniciadas por las autoridades estatales en meses recientes, ha quedado en evidencia la necesidad de un reconocimiento oficial del daño causado. La demanda de reparación incluye no solo el acto público de desagravio, sino también la implementación de protocolos más estrictos de vigilancia administrativa para prevenir que establecimientos funerarios incurran en prácticas negligentes o ilícitas en el estado.
Por su parte, el equipo de comunicación de la administración estatal indicó que las investigaciones sobre el caso Plenitud se mantienen abiertas a través de las instancias competentes de la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado. Respecto a la petición de una disculpa, los funcionarios estatales señalaron que el gobierno mantiene una postura de apertura al diálogo con los afectados, supeditando cualquier acción futura a los resultados definitivos de los procesos legales en curso.
La exigencia de los ciudadanos subraya la crisis de confianza que ha afectado a diversos sectores de servicios funerarios en la entidad durante el último año. Los familiares han manifestado que el proceso de duelo ha sido revictimizado por la falta de claridad en el manejo de los restos y los procesos de incineración, por lo que esperan que el gobierno estatal asuma su responsabilidad administrativa en la omisión de las inspecciones reglamentarias.


