Metro CDMX prohíbe voceo de vendedores con multas de hasta 23 mil pesos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México ha oficializado una nueva normativa que prohíbe estrictamente el uso de altavoces, bocinas o el voceo tradicional conocido como “llévele, llévele” dentro de sus instalaciones. Esta medida, vigente desde finales de agosto de 2026, busca reducir la contaminación auditiva y mejorar el orden en los transbordos y pasillos del sistema de transporte más concurrido del país.

De acuerdo con el reglamento actualizado, los comerciantes que hagan caso omiso a esta disposición podrán enfrentar sanciones económicas que ascienden hasta los 23,000 pesos. Las autoridades del Metro han señalado que la implementación de estas multas responde a las constantes quejas de los usuarios sobre el ruido excesivo y la obstrucción de los flujos peatonales en las estaciones de mayor afluencia.

La vigilancia para el cumplimiento de esta norma estará a cargo de los elementos de seguridad adscritos al Metro, en coordinación con las autoridades capitalinas. El objetivo central es garantizar un entorno más funcional y menos estresante para los millones de pasajeros que utilizan diariamente este medio de transporte, limitando las actividades comerciales que alteren el ambiente dentro de los vagones y andenes.

Esta restricción se suma a los esfuerzos de las autoridades locales por regular el comercio no autorizado y las actividades que impactan la movilidad al interior del recinto. Aunque el comercio informal es una realidad persistente en el sistema, la administración busca mediante estas acciones coercitivas desincentivar las prácticas de promoción ruidosa que, según reportes, superan los niveles de decibeles permitidos en espacios cerrados públicos.

La aplicación de estas multas busca sentar un precedente sobre el uso del espacio público y la convivencia dentro de la red de transporte. Las autoridades han hecho un llamado a los comerciantes para que se apeguen a los lineamientos vigentes y eviten procesos administrativos que deriven en sanciones económicas significativas, las cuales serán aplicadas conforme a la gravedad de cada infracción detectada.