Sheinbaum aclara postura de EU sobre solicitud de extradición contra Rocha Moya
La presidenta de México informó que el gobierno estadounidense no está obligado a presentar pruebas adicionales para sustentar la solicitud de extradición contra el gobernador sinaloense.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este miércoles durante su conferencia de prensa matutina que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido su postura respecto al proceso judicial que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Según la mandataria, las autoridades estadounidenses han notificado formalmente que, bajo los tratados vigentes de extradición, no están obligadas a entregar evidencia adicional para respaldar la solicitud enviada a la Fiscalía General de la República (FGR).
Este pronunciamiento surge tras meses de especulaciones y tensiones diplomáticas derivadas de las investigaciones que involucran a diversos actores políticos en Sinaloa. La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que la administración federal ha actuado conforme a los cauces institucionales, recibiendo la documentación necesaria para procesar la petición de detención provisional con fines de extradición, sin que esto implique una validación interna de las acusaciones por parte del gobierno mexicano.
La situación ha generado un escenario complejo para la administración estatal, dado que la FGR mantiene una investigación abierta que alcanza a diez personas, entre ellas funcionarios y figuras vinculadas a la política local. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) continuará dando seguimiento a los requerimientos diplomáticos, asegurando que el proceso se apegue estrictamente a la soberanía nacional y a los acuerdos internacionales suscritos por México.
Por su parte, el equipo de comunicación de la Presidencia ha reiterado que el Poder Ejecutivo no intervendrá en las decisiones del Poder Judicial ni en las diligencias que corresponden a la FGR. Mientras el proceso legal sigue su curso, la mandataria hizo un llamado a la prudencia, destacando que el gobierno de México se limita a atender los procedimientos legales solicitados por el país vecino, sin prejuzgar sobre el contenido de las investigaciones presentadas por el Departamento de Justicia estadounidense.


