Sheinbaum enfatiza responsabilidad pública tras licencia de Rocha Moya en Sinaloa

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró este sábado que los cargos públicos son pasajeros y deben ejercerse bajo una estricta ética de responsabilidad, tras confirmarse la solicitud de licencia indefinida presentada por Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. La decisión del mandatario estatal ocurre en medio de cuestionamientos y señalamientos surgidos desde autoridades en Estados Unidos que lo vinculan con actividades relacionadas con el crimen organizado.

Durante su intervención, la titular del Ejecutivo federal enfatizó que la función pública exige una conducta intachable y una disposición absoluta para enfrentar cualquier proceso de rendición de cuentas. Según fuentes cercanas al equipo de la Presidencia, el gobierno federal mantiene una postura de colaboración institucional ante los requerimientos de información, priorizando el respeto al debido proceso y la estabilidad política en la entidad federativa.

La salida de Rocha Moya ha generado diversas reacciones en el espectro político nacional, donde se debate sobre la gobernabilidad en Sinaloa y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en los niveles estatales. Desde la administración central se ha reiterado que cualquier servidor público, independientemente de su rango, debe estar sujeto al escrutinio ciudadano y a las investigaciones de las autoridades competentes cuando existan dudas sobre su gestión o integridad.

El gobierno de México ha planteado la necesidad de profundizar en la profesionalización de los servidores públicos para evitar conflictos de interés que afecten la confianza en las instituciones. Se espera que, en los próximos días, el Congreso local de Sinaloa formalice los pasos a seguir tras la ausencia definitiva del gobernador, garantizando que el funcionamiento de los servicios públicos y la seguridad de los ciudadanos no se vean comprometidos durante esta etapa de transición.

Finalmente, la Presidencia de la República reafirmó que su compromiso es con la transparencia y el combate a la corrupción, señalando que los asuntos de carácter judicial deben resolverse a través de los canales institucionales establecidos. El caso de Sinaloa se mantiene bajo observación por parte de las instancias federales, mientras se espera que se esclarezcan las acusaciones que han derivado en esta crisis de gobierno estatal.